Se pone en duda la independencia de la justicia española en los informes realizados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), relativos a las medidas contra la corrupción de jueces, fiscales y parlamentarios y sobre la prevención de esta práctica en altos puestos del gobierno y fuerzas de seguridad.

El grupo europeo señala que, desde el anterior informe realizado en el año 2013, de las medidas que se pidieron sólo se han completado dos y observa serios problemas en lo relativo al sistema judicial. En concreto, se destaca la elección de los componentes de Consejo General del Poder Judicial por parte de los políticos.

Debería suponerse una mayor independencia de este organismo, ya que es el objetivo de su creación, sin embargo, el resultado español es completamente el contrario. Además, esta dependencia e imparcialidad tiene un impacto directo en la confianza que se tiene sobre su eficacia, así como también en la prevención de los casos de corrupción.

Transcurridos seis años desde el primer informe realizado, GRECO destaca la necesidad de eliminar el proceso de selección del turno judicial por parte de los cargos políticos. Sin embargo, se aprecian avances, tras haber cumplido 2 de las 11 recomendaciones, aunque es apreciable la insuficiencia de éstos.

Uno de estos puntos a favor ha sido la aprobación del código de conducta para los diputados ante determinadas situaciones, así como una mayor transparencia. No obstante, cabe señalar también que los informes señalan la necesidad de que el fiscal general del Estado publique las comunicaciones que se tienen con el Gobierno y que garantice más autonomía en los presupuestos y en la planificación de éstos.