Se aproximan cuatro elecciones en menos de dos meses y los grandes partidos no han tardado en echar cuentas. Tanto PSOE como PP han pedido 60 millones de euros, a partes iguales, para las campañas electorales del 28-A y 26-M.

Ambos créditos están divididos a su vez en dos partes. Casado planea invertir 15 millones en el 28 de abril y lo mismo en el 26 de mayo. Por su parte, Sánchez invertirá 9 millones en las primeras y otros 16’4 en las segundas. Además, el PSOE pedirá microcréditos a sus militantes.

Ciudadanos también opta por los préstamos bancarios, aunque oculta la cifra exacta; pero podemos hacernos una idea a partir de los ocho millones que pidió a los bancos en las elecciones de 2015. Podemos es el único partido que no optará por esta financiación, ya que se apoyarán en microcréditos de sus simpatizantes que posteriormente serán devueltos.

Los bancos tienen prohibido perdonar las deudas a los partidos desde 2015, lo que ha mermado el interés de estos en financiar las campañas electorales. Resulta evidente que un partido con deudas con los bancos será incapaz de atacar a los intereses de estos últimos. Esa deuda no es solo económica, sino que implica que los bancos puedan actuar con independencia y libertad en el sistema económico del país, sin nadie que pueda paralizar los desahucios, por ejemplo.

En resumidas cuentas, mediante los créditos bancarios, el Gobierno le da autonomía y poder a las entidades bancarias sobre cuestiones fundamentales y que afectan a toda la sociedad. Una vez más, los ricos ganan.