Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional dictaminó este jueves 26 prisión provisional para los siete detenidos, miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), imputados por “pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos”.

Esto es resultado del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, que ha considerado que hay “indicios de que formaban parte” de un presunto subgrupo dentro de los CDR llamado “ERT” (Equip de Resposta Tàctica), y que estos tendrían una “estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluída la violenta”.

Esta resolución llega después de que se haya tomado declaración a todos los acusados. Cinco de ellos sólo han respondido a las preguntas de su defensa y los otros dos, con abogados de oficio, han contestado tanto al juez como al Ministerio Público. Tras esto, la fiscalía ha solicitado prisión provisional sin fianza para todos los acusados. 

Miguel Ángel Carballo, el fiscal del caso, cree que la supuesta organización ERT, de la que  presuntamente los detenidos forman parte es de “naturaleza terrorista” y tiene el objetivo de  “subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”, por ello, y por el “riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se plantean y de destrucción de pruebas” es por lo que, según declara, ha solicitado como medida la prisión provisional sin fianza.

Finalmente el juez ha resuelto en los autos (aún en secreto de sumario) las acciones y responsabilidades de cada investigado dentro de este ERT. En estos a  los detenidos, según informa Europa Press, se les acusa de delitos de “pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos”

A raíz de esto, el magistrado provincial ha declarado entender que este caso reúne los requisitos para dictaminar prisión preventiva, refiriéndose a factores como  la gravedad de las penas de los delitos por los cuales les acusa, así como la posibilidad de que se deshagan de pruebas y la posible huida de la acción de la justicia.

Además los dos investigados, con abogados de oficio y una estrategia judicial separada de los otros 5, han presentado a través de sus familiares  en la Audiencia nacional un ‘habeas corpus’, es decir una denuncia por detención ilegal.Estos fueron recibidos por el juez de guardia, Alejandro Abascal, y tras afirmar su interés en mantener la misma asistencia jurídica que en un principio finalmente declinaron presentar denuncia alguna. 

Finalmente el Juzgado Central de Instrucción número 6 encargado del caso mantiene la causa bajo secreto y sigue investigando la documentación incautada en los diez registros que se practicaron el lunes pasado.