Este último 6 de noviembre varios afiliados de Vox han presentado una denuncia para demandar la anulación del acuerdo del Comité Ejecutivo nacional de este mismo partido.

El acuerdo sustituye el Comité Ejecutivo provincial, votado por los militantes, por una comisión gestora elegida a dedo por la dirección de Abascal: Juan Garriga Doménech y Mónica Lora Cisquer. Ambos, junto con Mónica Lora como Secretaria General, dirigieron la Plataforma por Cataluña, y ambos tienen por sus actividades allí una cita judicial pendiente por delito de discriminación y provocación al odio.

El pasado 2 de octubre, un día después de la visita del cabeza de Vox, Santiago Abascal, al cuartel de la Guardia Civil barcelonés en Travessera de Gràcia Barcelona, los afiliados del partido de Abascal recibían un correo firmado por el vicesecretario nacional de Organización, Tomás Fernández Ríos, el cual comunicaba a las bases que “en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial” el Comité Ejecutivo nacional había decidido “disolver la comisión gestora de Barcelona”.

Este correo impactó a la militancia de base del partido por varios motivos, primero que en Barcelona no existía tal comisión gestora sino un Comité Ejecutivo provincial votado por las bases en julio de 2018, y segundo, porque, según sus estatutos, no se daban las condiciones para disolverlo desde arriba.

De hecho, tal Comité disuelto no había incumplido las directrices estatales, es más, el propio correo agradecía “el excelente trabajo desarrollado”. Este polémico cambio desde la dirección de Abascal, terminó el pasado día 6 con una denuncia presentada por un grupo de afiliados de Vox en el juzgado de guardia de Madrid.

Según esta demanda, consideran que el acuerdo del Comité Nacional que destituyó a la dirección votada y reeligió los nuevos directivos elegidos por las bases es “ilegal, arbitrario y antidemocrático, además de contrario a los estatutos de Vox”. Por ello, exigen que se anule la decisión del propio órgano de dirección del partido.

Otra cuestión que también chocó a los militantes confundidos fueron los nuevos elegidos desde el Comité Nacional, como cabeza de Barcelona Juan Garriga Doménech, familiar de otro diputado de esta misma formación, Ignacio Garrigaby Mónica Lora Cisquer como tesorera- secretaria. Estos dos nuevos dirigentes nombrados por la dirección de Abascal provienen de liderar Plataforma per Catalunya (PxC), una formación electoral de ideología de extrema derecha.

Ambos dirigentes, por su actividad en dicho partido (que se acabaría disolviendo e invitando a sus bases a entrar a Vox) , tienen una cita en el juzgado de instrucción número 3 de Reus, en Tarragona, que dictaba este 24 de octubre el comienzo de juicio oral contra Mónica Lora, Joan Garriga y 11 ex miembros de la organización acusados de un delito de discriminación y provocación al odio.

Acusación que es consecuencia de la campaña electoral de Plataforma per Catalunya para los comicios municipales del 2011. Su campaña se basó en un discurso agresivo contra la inmigración, achacando a estos de “acaparar’ puestos de trabajo, subvenciones, de no ​pagar impuestos o de tener vínculos con las “mafias”, todo ello encuadrado bajo el lema “primer els de casa” (primero los de casa) que utilizaría como elemento visual fuerte un falso cheque de 4.000 euros otorgado a un nombre árabe.

Según ha dictado el juez dicha propaganda “excede los límites de la libertad de expresión y golpea el núcleo de la dignidad humana” asegurando sobre el posicionamiento de PxC que “tales discursos de odio, dirigidos contra grupos nacional, racial o religiosamente diferenciados, suponen una incitación a que el resto de la sociedad fabrique un enemigo artificial y predisponen a que se dé el caldo de cultivo adecuado para que, en un momento como la crisis económica que se manifestó con toda su virulencia en 2011, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra estos inmigrantes”.