El verano de 2015 Adif sacaba a concurso el mantenimiento de los túneles Ourense-Santiago. Según acusa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estas dos empresas, Indra y Alstom, habrían pactado coordinarse para repartirse licitación.

Esa trama la protagonizan Indra y Alstom, sin embargo, es un fenómeno que se repite con infinidad de grandes empresas. La CNMC ha sancionado a quince empresas, por formar diversos cárteles con el fin de repartirse los concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif.

Una gran amalgama de empresas importantes y reconocidas que llevaban catorce años pactando para repartirse estos concursos públicos: Elecnor, Siemens, Indra, Isolux, Inabensa (Abengoa), Alstom, Telice, Comsa, Neopul (Sacyr), Eym (OHL), Citracc y las filiales de ACS Cobra, Semi, Cymi y Electren se habrían beneficiado de más de mil millones de euros gracias a estas prácticas.

La investigación de la CNMC, que obtuvo el acceso a las comunicaciones de Alstom y a los correos electrónicos encontrados en los registros del resto de empresas, ha permitido conocer estas prácticas ilegales y las diferentes técnicas que utilizaban.

Vemos cómo las pruebas confirman que un 28 de julio uno de los directivos de Indra enviaba un correo a otro de Alston diciendo: “Tenemos que determinar el precio a poner”. Esto se confirma por otro mail, esta vez, entre dos miembros de Alstom, que explica cómo sería el amaño. Indra haría entonces una oferta tan solo 50 euros por debajo del presupuesto base, pero Alstom haría una propuesta 100 euros por debajo del presupuesto, un poco más barata, siendo esta la ganadora del concurso y alterando los principios del concurso público de forma indignante.

A una de las técnicas que utilizaban para repartirse el pastel se la conoce como “el ranking”. Esta sería la artimaña utilizada por las empresas que durante catorce años se turnaron la electrificación de los trenes.

El “ranking” funcionaba de la siguiente forma: los directivos de estas empresas se reunían y celebraban un concurso que determinaría el orden de adjudicación. Alguno de estos “sorteos” incluso aparecen firmados, en forma de contrato por los diferentes representantes. De hecho, estaba repartido cada trozo del pastel, todas las empresas que salían perdiendo en el ranking eran compensadas con un 6% de lo fijado en la contratación a repartir entre ellas, a partes iguales. Esto se puede confirmar gracias a una anotación manuscrita encontrada en la inspección de Electrón y gracias a un correo entre directivos: “Y si mal no recuerdo el pacto fue de facturar el 6% del total entre los que no fuimos adjudicatarios”.

El primer “ranking” tuvo lugar en 2002 y a través de reuniones informales que llamaban “mesas” se fue revisando. Prolongaron así la técnica de los sorteos hasta el 2016. Entre otros lugares, se reunían en un hotel del Paseo de la Castellana en Madrid, para cerrar concretamente algunos acuerdos importantes como el de la electrificación de alta velocidad.

Estos cárteles no dejaban nada al azar, el control de los pactos era más que exhaustivo. Las empresas compartían entre sí tablas de Excel donde se especificaba la oferta de la empresa que debía ganar el concurso, si habían entrado a concurso otras empresas ajenas a la artimaña, etc. De hecho, se llevaba un recuento de los importes adjudicados desde 2002, garantizando que el reparto fuese bastante igualitario. Existía incluso un coordinador encargado de actualizar y enviarle al resto la información.

Otra forma de amaño a destacar son los “acuerdos micro-macro”. Esta técnica consiste en unir a dos empresas en una UTE (Unión Temporal de Empresas) que se reparten mitad y mitad el precio de la adjudicación. El resto de empresas presentaban algunas ofertas para simular participación y así sacaron tajada más tarde a través de la subcontratación.

Esta fue la estrategia para enriquecerse de las empresas Cobra, Elecnor, Semi y Electrón, repartiéndose en 2008 cinco concursos públicos de electrificación en líneas de alta velocidad. Pacto que quedaría escrito y firmado en un documento: Electrón y Elecnor se llevarían el contrato y subcontratación a las otras dos empresas partícipes en el amaño. Calculado milimétricamente para que el reparto fuera a partes totalmente iguales.

Parece pues que todas estas empresas tenían una temeraria libertad a la hora de pactar entre ellas, priorizando sacar tajada en lugar de la calidad y el coste de servicios de transporte públicos. Vemos. sobre todo, una profesionalización brutal en técnicas de corrupción muy desarrolladas y por lo visto indetectables durante catorce años, cosa que nos hace pensar en la normalización de estas prácticas ilícitas entre grandes empresas, que incluso una vez descubiertas solo tienen el peso de una multa ínfima frente a los beneficios. Queda así a ojos del público una visión poco optimista de quién gana los concursos públicos del país y a dónde va el dinero que se invierte.

La respuesta de la CNMC es una multa, que deberán de abonar entre todas las empresas, de 118 millones de euros, una cifra mínima que prácticamente supone solo una décima parte del valor de los contratos obtenidos. Además, esta sanción pretende conllevar también una novedad punitiva, activando, por primera vez, el procedimiento para prohibir la contratación por parte de la Administración a las empresas infractoras en un periodo de hasta tres años. Una posibilidad a nivel jurídico que atacaría ferozmente solo a las filiales de las constructoras implicadas.

Sin embargo, esto no es para nada seguro, ya que las empresas interpondrán un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y de casación ante el Tribunal Supremo. Esto provocará que la resolución judicial se alargue durante varios años. Incluso prosperando por vía judicial el periodo de prohibición lo establecería la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente de Hacienda, a la que las empresas podrían de nuevo tratar de recurrir.

Vemos cómo, incluso con pruebas acusatorias firmes, las grandes empresas que se han aprovechado de la obra pública y de la administración pueden seguir con tranquilidad su actividad, abonando una multa ínfima en relación a sus beneficios y alargando, apelando y acortando por vía judicial cualquier sanción contundente.