Aparte del principal afectado, Ignacio González, se acusa a otras 6 personas por formar parte de un plan gracias al cual se pagó un sobreprecio para adquirir la mercantil brasileña y repartirse las comisiones entre ellos.

“La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 19 años de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra” sabemos gracias a la información facilitada por el periódico Europa Press.

Este pasado miércoles, el Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación en el cual aclarara que “la compra de Emissao se llevó a cabo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre los años 2012 y 2014” y estuvo “plagada de ilicitudes, ya que supuso una salida indebida de fondos públicos” de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al “sobreprecio pagado en su adquisión”.

La Fiscalía Anticorrupción puede asegurar que todo se debe al plan inicialmente ideado por Ignacio González, en el cual también estaban involucrados el que fuera su ‘mano derecha’ y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; además del ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, el ex gerente de Inassa, Diego García Arias, y el exdirector de otra filial del Canal, Ramón Navarro, por el que se habrían repartido 5’4 millones de dólares – más de 4’8 millones de euros- en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio.

Para ello, han contado con la colaboración esencial del propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien incrementó el precio de venta para “facilitar el reparto de los fondos públicos”.