En los próximos meses, el ministerio de Interior entregará a los agentes de la Policía Nacional sus primeras mil pistolas táser, tal como reclamaba el Sindicato Unificado de Policía (SUP). 

Así ha sido confirmado por los representantes de la administración en la reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía que se celebró el pasado jueves.

Asimismo, en la última reunión de la Comisión de Personal del Consejo de Policía se transmitió a sus integrantes que se adquirirán 10 mil porras extensibles, otro material que era reclamado por el SUP. 

El uso de las porras extensibles también era reivindicado desde hace ya años por el SUP. En distintos escritos, el sindicato reivindicaba su carácter de “arma no letal” y su utilidad “para las actuaciones policiales de los funcionarios por su fácil portabilidad, reducido tamaño, instrumento de rescate, facilidad de uso, etc”.

Según consta en una circular sobre esta reunión elaborada por el SUP, en esa reunión les transmitieron que se está redactando “el pliego de prescripciones técnicas y que lo antes posible se anunciará la licitación de 1.000 pistolas eléctricas”. Estas armas serán destinadas únicamente a la Policía Nacional, ninguna será destinada al cuerpo de la Guardia Civil.

Precisamente, el sindicato policial apuntaba que “esta herramienta, con la que cuentan las Policías Autonómicas desde 2008 y más de doscientos Policías Locales desde 2002, tiene amparo legal en el artículo 5.1 del Reglamento de Armas”.

“Esperamos que, con el paso del tiempo, en lugar de mil tengamos veinte mil. Hay que tener en cuenta que existen casi 25 mil policías trabajando en seguridad ciudadana. Deberíamos tener al menos una pistola por turno”, afirmaron desde el SUP.

En un informe presentado en 2015, Amnistía Internacional sostenía que “no se ha demostrado exhaustivamente, desde el punto de vista de la medicina, que las armas tipo Táser sean seguras”, remarcando que “podrían tener relación con la muerte posterior de varias personas”, tal como ese organismo de derechos humanos había señalado en casos producidos en Estados Unidos y Canadá. “Además, pese a la extensión de su uso, no se ha realizado un estudio riguroso, independiente e imparcial sobre el uso y los efectos de las armas tipo Táser y de otras armas de electrochoque”, criticaba.