Los avales, según fuentes de la investigación, acababan en su gran mayoría en manos de unos pocos empresarios de alto nivel. 

Avalmadrid es una entidad financiera semipública constituida por y para pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid, según aseguran en su página web. A pesar de ser esa la teoría, además de los autónomos y las pymes, gran parte de sus avales fueron aprovechados por unas pocas personas relacionadas con los propios consejeros o con el PP de Madrid.

Cuando en 2012 el Banco de España investigó por primera vez a Avalmadrid los informes resultaron demoledores. La entidad estaba siendo utilizada para financiar mucho a unos pocos. Tan solo el 1% de los avalados o acreditados recibía casi un tercio de los recursos de Avalmadrid. Entre esos pocos estaban los empresarios y dirigentes patronales Arturo Fernández (CEIM) y Gerardo Díaz Ferrán (CEOE), que fueron financiados con seis millones en diferentes operaciones que casi en su totalidad están sin resolver. Ambos empresarios eran a su vez donantes de Fundescam, la fundación opaca que investiga la Audiencia Nacional por haber sido presuntamente utilizada por el PP para financiarse ilegalmente.

En noviembre de 2012 se pidió a la entidad resolver esa acumulación de tantos recursos en tan pocas manos, exigiendo que se limitaran los avales a clientes que no tuvieran un segundo aval en caso de estar en apuros para saldar el crédito. Sin embargo, la sociedad además de no cumplirlo hizo creer que lo realizaría en un plazo hasta 2013. 

Aun así, en 2016 en otra inspección se supo que no se había cumplido lo prometido, no sólo no había mejorado el control, sino que había seguido aprobando operaciones de más de un millón de euros con apenas 7 empresas. El importe en condiciones de riesgo sumaba los 10,7 millones, de los cuales 6,4 no tenían posibilidad de reaval. 

Uno de los empresarios que recibió ciertas cantidades de dinero contra la normativa fue Arturo Fernández, empresario de cabecera de Esperanza Aguirre y hoy condenado por las tarjetas black. En este caso, recibió cinco avales que sumaban 2,5 millones de euros y sin reaval en 2013. Además, este hombre fue consejero de Caja Madrid y Bankia. La primera de ellas también mantenía un alto porcentaje de las acciones de Avalmadrid, más de un 40%.

Al no superar la Comunidad de Madrid la mitad de las acciones, y no la mayoría, los controles eran menores debido a la Ley de Contratos de 2007. Repartiendo las acciones, Caja Madrid, también en manos del PP, el control era igualmente absoluto pero con menos obligaciones de transparencia.

El presidente ejecutivo de Avalmadrid era entonces Juan Manuel Santos Suárez, el hombre de Aguirre en la entidad. Bajo su presidencia ejecutiva se burlaron normas al tiempo que se hacía creer al Banco de España que se iban a aplicar. En el Manual de Riesgos seguía intacta la capacidad de autorizar avales millonarios de manera arbitraria, simplemente con que lo quisiera la dirección argumentando alguna razón.

En mayo de 2013 deciden aplicar las restricciones, pero lo hacen a la baja. En lugar de sólo poder dar un aval si esa cantidad está asegurada mediante un reaval, se decide que la cantidad máxima de aval sea el 75% más que la del reaval. Aun así hasta 2014 no entra en vigor la restricción y mientras tanto siguen dando créditos de riesgo. Finalmente, en junio de 2014 se adoptan las medidas dictadas por el Banco de España. Por los retrasos en cumplir con los requerimientos se han propuesto varias multas: para Avalmadrid fueron 100.000 euros de sanción. La mayor parte de la sanción saldrá de las arcas públicas que se vieron perjudicadas por la concesión de avales de alto riesgo, es decir, el 43% de la Comunidad de Madrid y el otro 42% de Bankia, hoy un banco público.