El ayuntamiento de Palma de Mallorca pretende desalojar el poblado de Son Banya, con la intención de demoler las diferentes viviendas que existen, utilizando como excusa la seguridad ciudadana.

El lugar es conocido por protagonizar parte del gran “comercio de estupefacientes” de la isla, y es un conglomerado de chozas y viviendas en mal estado, relativamente aislado y alejado de otros núcleos urbanos.

Sus residentes son habitualmente criminalizados por ese supuesto tráfico de drogas, cuando en realidad, este, es un barrio formado por familias discriminadas y expulsadas de la ciudad desde hace años.

El desalojo estaba previsto para el pasado jueves, pero ha sido pospuesto dado a que la lucha incansable de las familias del poblado superaba las fuerzas policiales.

Las familias están fuertemente implicadas en la protesta contra el desmantelamiento de la zona y hará dos días que se movilizaron en masa delante del Ayuntamiento. Este, se defiende asegurando que el motivo del desalojo de Son Banya atañe al bienestar ciudadano.

Las familias ponen de manifiesto que rechazan ese desalojo porque el Ayuntamiento no les asegura una alternativa real de vivienda.

El ejecutivo asegura tener un plan de reinserción al que las familias pueden optar, siempre y cuando reúnan ciertas condiciones: falta de ingresos suficientes para el acceso a una vivienda y los gastos de esta, carecer de una vivienda alternativa, no tener causas pendientes con sentencia con la justicia por narcotráfico y finalmente cumplir con un contrato social que se basa en un plan de trabajo con la familia.

Es obvio que estas medidas dejan fuera a numerosas familias y personas, por lo tanto la jugada del “Ayuntamiento del cambio” dejará sin techo a una parte considerable de la población de la zona.

El Ayuntamiento declara que algunos de los protestantes sí que poseen una segunda vivienda, y piden que los afectados entreguen la documentación y hagan la burocracia correspondiente para adherirse al plan.

Increíble es ver como el ejecutivo de la ciudad de Palma planea desalojar dos zonas de carecterísticas similares como son Son Banya y de momento el bloque 8 de Camp Rodó (“Corea”).

Además, su demagogia se deja ver en cuanto condenan a las familias trabajadoras a cumplir toda una serie de tareas burocráticas lentas e improductivas. Unos planes de urbanismo que atacan al colectivo gitano, lo criminalizan y dejan a sus familias sin techo y sin recursos. Otra expresión más de la fuerte especulación que se da en nuestro país.