El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, presidido actualmente por Toni Noguera de MÉS per Mallorca, ese mismo que se autodenomina del “cambio” y se llena la boca con palabrería de bienestar social, pretende desalojar un bloque entero de pisos, el bloque 8, del núcleo conocido como “korea”, en el barrio de Camp Redó.

Este bloque está habitado por algunas familias propietarias e inquilinas, pero principalmente por familias trabajadoras que viven ahí ilícitamente, es decir, ocupando esos pisos.

Hay que decir que esos bloques fueron en un principio del Ibavi, por lo tanto de protección oficial, para facilitar  techo a familias sin recursos económicos, posteriormente cedidas al ayuntamiento.

Hoy en día, el barrio es un conjunto de pisos de mala calidad, con instalaciones degradadas, lleno de escombros, abandonado por las instituciones y conocido por el tráfico de drogas.

Aún así no podemos obviar que el barrio está muy próximo al centro de la ciudad, una ciudad en la que se especula cada vez más con la vivienda y de donde se expulsa a la clase obrera de sus barrios de siempre.

Se vuelve a repetir la misma estrategia de desalojo que vimos unos años atras con el Bloque 13 en el mismo barrio. En aquel caso, el ayuntamiento procedió a derribar una parte del edificio más degradada para después justificar que la parte restante se había dañado por el primer derribo y así declararlo en ruina.

Este plan de “redistribución” forma parte de un proyecto aprobado en los años 80, proyecto al cual la ciudadanía no tiene acceso, es decir, motivos y planes futuros para el barrio no son de dominio público. Los vecinos, aunque han acudido al Registro General y a Urbanismo, no saben los planes reales del Ejecutivo, de la orden del derribo de los edificios ni los planes futuros para esos solares. El Ayuntamiento justificó los planes entre otras razones declarando que algunos bloques dividían el barrio y prometen construir o bien otros bloques o bien zonas verdes.

Aquel bloque 13 pretendía sustituirse por un parque, una zona verde. Hoy en día ese solar es un descampado lleno de gravilla convertido un cúmulo de escombros, sin aspiraciones después de tantos años a que eso cambie.

La estrategia del Ayuntamiento consiste en declarar el edificio en ruina, sin posiblidad de dejar a los vecinos que un perito propio aporte un segundo informe, rechazando o confirmando la versión del Ejecutivo. Los vecinos protestan puesto que el motivo de la degradación del edificio viene a raíz de la inutilizacion de una parte de las tuberías de los bajos 23 B y C, un daño provocado por los propios técnicos del Ibavi, que ante la petición de arreglarlo de los vecinos, hizo oídos sordos. Por ello, ahora mismo esos bajos están apuntalados.

Fuente: Banco Obrero

Además, el Ayuntamiento tiene amenazadas a las familias del barrio, alertándoles de que si se mueven a ocupar a otros bloques de propiedad del Ejecutivo procederán a vigilarles y acosarles desde los servicios sociales, amenazando incluso con retirarles la patria y potestad de sus hijos.

Los planes de los vecinos pasan ahora por interponer una querella criminal, si se confirmase que el Ayuntamiento no tiene motivos para desahuciar a las familias, más allá del conflicto de intereses financieros que pueda haber sobre la barriada.

Vemos una vez más que no importa de que color sea el Ayuntamiento de turno, no dudan en dejar en la calle a unas 24 familias trabajadoras sin darles ninguna alternativa real, puesto que sólo dos de ellas han sido reubicadas en otros pisos de la zona, bajo un alquiler social, habiéndoles expropiado una propiedad. Todo ello con la escurridiza promesa de nuevos edificios o zonas verdes, una promesa que en el caso del antiguo bloque 13 lleva 13 años sin cumplirse.