La aplicación del registro de jornada laboral obligatoria en España desde hace 15 años tensa las negociaciones de los convenios estatales de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito.

De hecho, el 31 de julio vence el plazo acordado para cerrar un acuerdo sin que haya sido posible tras  cuatro meses de conversaciones.

En un año las horas extraordinarias no pagadas equivaldrían a siete mil empleos gratuitos de los que se benefician los dueños de las entidades. Un estudio realizado por UGT en 2014 cifraba en catorce millones anuales la bolsa de horas extraordinarias no remuneradas a los empleados del sector, lo que con una jornada estándar de 37 horas y media equivale a entre 7.200 y 7.800 empleos de jornada completa al año.

La Encuesta de Población Activa apunta en la misma dirección cuando atribuye al sector de la banca y los seguros entre 149.000 y 361.000 horas regaladas, es decir, entre 7,8 y 18,8 millones anuales. 


Una particularidad del sector es que esas horas no remuneradas suponen entre el 80 y 95 por ciento de las horas extraordinarias realizadas, cuando la media estatal se sitúa por debajo del 50%.


Por todo ello, las entidades financieras se muestran reacias a aplicar medios telemáticos para controlar la duración de la jornada y abogan por la autorregulación del trabajador.

Sindicatos y empresas acordaron empezar las negociaciones de los convenios por este punto al considerarlo obligatorio y prioritario. Sin embargo, a una semana de cumplirse el plazo no parece que vaya a cerrarse ningún acuerdo.

En caso de que tal cosa ocurra, entraría en juego el ‘plan b’, que remite la regulación del sistema de control de horarios a un acuerdo de empresa. Es decir, pasará a ser decisión del empresario con previa consulta a los representantes legales de los trabajadores. Si esto ocurriese, la implantación se retrasaría meses.