El juez Manuel García-Castellón afirma en su auto de este lunes, el cual ha supuesto la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que el PP madrileño empleaba en campañas el 1% reservado a publicidad en las adjudicaciones para la construcción de infraestructuras sanitarias. Un desvío total de 3,07 millones de dinero público.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se basa el juez García Castellón de la Audiencia Nacional para abrir una investigación por estos hechos, apuntan a que el PP madrileño encargó a dedo supuestas campañas de promoción de hospitales y centros de salud a determinadas empresas a cambio de que éstas pagasen luego actos electorales del partido a través de la cláusula del 1%. Esta práctica ha sido definida por el magistrado como un mecanismo para el desvío de fondos públicos a través del partido, por lo que ha solicitado a la Consejería de Sanidad los expedientes electrónicos completos de los contratos de construcción y explotación de los hospitales públicos Puerta de Hierro de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Arganda del Rey y del Tajo. También reclama al Servicio Madrileño de Salud los contratos de gestión de 27 hospitales y centros de salud. Estas obras, llevaban incorporada la cláusula del 1% en publicidad, que supuso un coste total de 3,07 millones de euros, parte de los cuales acabaron en la caja b del PP madrileño.

Esta cláusula consistía en obligar a las constructoras a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste ínfimo, o que ni se llegaban a realizar. Además, esos trabajos se encargaron en todos los casos a empresas de Daniel Horacio Mercado, el cual devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP regional. En su auto, el juez detalla un desvío de fondos de 3,07 millones de euros a través de este método. 

La investigación se centra en el periodo del llamado “Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007”, en el que, la recientemente electa presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, invirtió 2.280 millones de euros de las arcas publicas y permitió a empresas privadas la construcción y gestión de la parte no sanitaria a cambio de un canon de dinero público durante 30 años. Además, esto sirvió a Aguirre para inaugurar seis nuevos hospitales en los meses previos a las autonómicas de 2007, en las que arrasó con el 53% de los votos. 

El juez señala como autor intelectual de la clausula del 1% al por aquel entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela. De todas formas, asegura que Ignacio González y Francisco Granados, bajo la supervisión de Aguirre, tenían la competencia última para decidir a que empresas se les aplicaría.