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Fuente: Europa Press

El día 19 de junio Gas Natural Fenosa, renombrada recientemente como Naturgy, firmó la renovación del convenio con Cáritas.

Este convenio en el año 2017 atendió a 7.000 personas en vulnerabilidad energética en España, mientras que en los últimos doce meses ha habido una revalorización del precio de mercado del gas natural y ha ido en aumento, cosa que experimentamos con unas facturas de electricidad y gas imposibles de pagar para más de 5,1 millones de personas en España.

Cáritas, con la firma de este convenio, y con dinero recaudado del IRPF, es uno de los colchones económicos del Grupo Fenosa, con impuestos que no han pasado por un régimen fiscal confiable y el cual son migajas de lo total colectado por la Iglesia en un año, 251 millones en el último ejercicio -Estos millones que recibe a través de la Declaración de la Renta son una mínima parte de todos los que recibe procedentes de fondos públicos-, del cual oscilan los 199 millones para pagar los sueldos de la curia al completo (obispos, parroquias, etc.). Lo que “reparten”, los sobrantes 60 millones, es invertido en empresas de jurisdicción privada, como los supuestos 300 proyectos que realizan en conjunto con Naturgy para generar empleo como técnicos instaladores, asesores, etc., con sueldos igualmente miserables que ofrece el grupo internacional Natural Gas Europe y los puestos de trabajo de Cáritas. También se incluiría en el IRPF una parte para la comunicación, en cuyo conglomerado está la televisión 13TV, y para universidades y centros educativos privados o de la propia Conferencia Episcopal.

Mantener un discurso culpabilizando a los trabajadores por su situación de precariedad, mientras haces negocio con la miseria y sirves a grandes capitales como Naturgy y Mercadona. Tal es la política de actuación de Cáritas que, año tras año, vemos como no solo no soluciona nada, sino que perpetúa el problema.

De esta última – el Mercadona de los Roig -, Cáritas adquiere la comida que esta no ha podido vender y que podría generarle pérdidas por la producción y por el almacenaje, salvándole y ahorrándole unos cuantos millones a Juan Roig Alfonso y a sus accionistas.

Que el Gobierno siga permitiendo y colaborando en que de los fondos públicos y de la Renta salga el dinero para estos grupos mafiosos, que especulan con dinero público sin ningún tapujo y que juegan con la vida de tantas personas, no es más que otra forma de demostrar la arbitrariedad con la que gobiernan y por qué el gobierno de Pedro Sánchez no representa ningún cambio y han pasado a convertirse en unos títeres más, eso sí, con otra “careta” más amable.

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