La falta de documentación de los casi 10.000 “menas” residentes en España ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo.

Tras detectar que se estaba incumpliendo la legislación en Valencia, el defensor pidió explicaciones a la Fiscalía, constatando que se incumplía también en el resto de comunidades autónomas. Denuncian que las comunidades autónomas incumplen la obligación de tramitar los documentos a los menores extranjeros no acompañados, más conocidos como “menas”.

Hasta el 30 de junio, solo 2.573 niños y adolescentes contaban con una autorización de residencia en vigor, cuando, según el registro oficial, hay unos 12.300 menores extranjeros en acogida en España. Tan solo el 21% cuenta con la documentación legal correspondiente. Sin un documento oficial que les identifique, estos menores carecen de ciertos derechos: acceso a deportes federados, a cursos de formación profesional, no pueden empadronarse, no pueden optar a ayudas sociales…

Esta condición implica mayores complicaciones cuando los indocumentados llegan a los 18 años, porque además de estar obligados a abandonar su centro o piso de acogida, pasan a ser inmigrantes irregulares. Los requisitos se multiplican y la ley les exige una renta mínima mensual de unos 500 euros o una entidad dispuesta a asumir su manutención, a pesar de que sin los papeles les es imposible trabajar legalmente en nuestro país.

Para hacernos una idea de las trabas legales que impone la administración, en 2018 solo 38 ex tutelados de 18 años consiguieron una autorización de residencia. El desarrollo profesional y la esperanza de una vida mejor, motivo principal de los movimientos migratorios y de la llegada de menas a España, se vuelven una quimera a consecuencia de la falta de papeles.

En 2018, solo 218 chicos de entre 16 y 17 años recibieron la autorización para trabajar. Número mas bajo todavía en el caso de aquellos que ya han cumplido la mayoría de edad, solo 54 ex tutelados de 18 años obtuvieron este permiso de trabajo el año pasado.