Entidades bancarias, grandes empresas e incluso dictadores del Sudeste Asiático pueden verse implicados en la trama.

Informes de Anticorrupción y Sepblac sobre empresas y sociedades relevantes. Son las últimas adquisiciones que hizo la policía en los diversos registros efectuados en las casas del comisario. Dichos informes están siendo ahora investigados por la Audiencia Nacional debido a su interés para las nuevas piezas de la causa Tándem, el cual se encuentra bajo secreto de sumario.

José Manuel Villarejo había escondido 40 Teras de archivos y documentos en su domicilio de Estepona (Málaga). Esta inmensa cantidad de información podría suponer la apertura de 20 nuevas diligencias separadas que afectarían directa e indirectamente a grandes empresas y familias del país, como al empresario Juan Muñoz, a la familia del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang o directamente al BBVA.

El comisario por su parte, envió un comunicado desde la prisión de Estremera el pasado jueves donde advirtió a los que habían sido sus clientes de que la culpa de que sus nombres se desvelen la tenía el jubilado general y ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Además, en el mismo comunicado, refiriéndose a las posibles empresas afectadas por la apertura de estas 20 piezas, afirma que “Aplicarles el mismo daño reputacional que al BBVA, o aun superior, solo servirá para deteriorar algunos de los pilares fundamentales de nuestra economía, quizá para regocijo único de las huestes podemitas”. 

Sin embargo, Villarejo ha puesto en el ojo del huracán algunas de las empresas más importantes y poderosas del Ibex 35. Empresas nacionales como Telefónica, Indra o Repsol se han visto afectadas debido a que el excomisario aparecen relacionadas con casos de sobornos o destrucción de pruebas que él mismo había efectuado para estas empresas y que ahora los está intentando camuflar como servicios a España y efectuados a petición del gobierno de turno.