Este miércoles la Dirección General de Trabajo después de recibir el informe del ERE de Grupo Alcoa-Inespal (empresa industrial estadounidense) ha decretado que la empresa no ha actuado de buena fe en cuanto a las “negociaciones” sobre el ERE con los trabajadores, ya que ni tan solo se ha constituido una mesa de negociación en el tiempo reglamentario para ello.

Teniendo en cuenta la rapidez del informe y la prontitud con la que la empresa pretende cerrar sus fábricas en la Coruña y Avilés, el ente estatal ha determinado que la patronal no tiene ninguna voluntad negociadora con los trabajadores. Alcoa ya amenazó en 2014 con echar el cierre al no salir satisfecha de la puja en la que se repartieron los bonus eléctricos.

Los trabajadores exigen a la compañía que “cumpla con la legislación vigente y sus obligaciones con sus trabajadores” y que ponga fin a esta “grave alarma social”, puesto que aún la empresa no ha constituido una Comisión Negociadora a pesar de haber transcurrido los plazos legal y reglamentariamente establecidos para ello.

Después de conocer el decreto de la entidad gubernamental, la comisión de empresa Avilés ha respondido apelando a sus derechos reflejados en el comentado decreto. Están de acuerdo con la poca voluntad negociadora de la empresa, y pretenden apostar por encontrar soluciones que no acaben con el cierre total de las fábricas.

A pesar de lo que pase en las mesas negociadoras no hay que olvidar que se trata de una empresa que ha pretendido obviar los pocos derechos de sus trabajadores, en la que su cierre deja en la calle a casi 700 trabajadores, y pone en riesgo más de 2000 empleos indirectos e inducidos. Vemos como el capital extranjero también decide sobre el futuro económico y social de España, y mientras tanto los sindicatos mayoritarios del país ven y hacen ver como única baza a estos despidos una mayor reducción de nuestras condiciones laborales y el despido de una parte de la plantilla.