La compraventa de viviendas se encontraba en 46.015 en julio, la cual ha disminuido un 23,3% comparada con los meses anteriores tras la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria.

Sobre esta ley los notarios aseguran que la normativa ha servido para dar mayor tranquilidad a los clientes, mientras que las asociaciones de consumidores critican que la complejidad de los contratos se mantiene.

Una de sus principales novedades es que ha hecho recaer en las entidades los gastos de constitución del contrato, incluyendo los costes de notaría, gestoría y registro, excepto el importe de la tasación, que sigue abonando el consumidor para tratar de evitar que el banco imponga una tasadora de su confianza. 

La normativa también carga sobre las entidades el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). A su vez hace que los notarios tengan que explicar a sus clientes el contenido del contrato 10 días antes de firmar el crédito, ante esto, las asociaciones de consumidores advierten que se mostraran muy vigilantes para que el proceso de información en las notarías, que si bien es positivo, no acabe repercutiendo negativamente en los derechos de los consumidores. 

Es decir que no baste con decir que se ha entendido para librar de responsabilidad a las entidades con sus clientes.