El pasado viernes, día 22 de febrero, La Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional efectuó cuatro desahucios en la calle Argumosa de Madrid. Numerosas familias trabajadoras acudieron a las viviendas para intentar frenar el desalojo, lo que ha finalizado con al menos seis detenciones.

El drama de los desahucios sigue siendo un problema de primer orden en este país. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a finales del 2018 se superaron los 70.000 desahucios en España, siendo estos los peores datos de la historia del país. Estas cifras ponen en relieve la imposibilidad de miles de familias para poder acceder a una vivienda, un derecho fundamental que es violado absolutamente todos los días en nuestros barrios y ciudades.

El Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno del “cambio” liderado por Manuela Carmena, dista mucho de tomar medidas efectivas contra el problema. Alegan que intentarán buscar “una alternativa más estable”.

Una vez más vemos cómo este Gobierno, en vez de atacar el problema de raíz, poniendo fin a la subida de los alquileres y regularizando los precios de las viviendas, aboga solamente por darles una alternativa “más estable” a las familias que se ven ya fuera de sus casas, afirmando incluso que a día de hoy no se producen desahucios en Madrid.

Desde el comienzo de la crisis financiera, el número de desahucios ha crecido exponencialmente llegando a la escalofriante cifra de alrededor de 170 desahucios por día. El Gobierno, causante de que haya miles de familias en la calle, no aspira a nada más allá de poner parches y reformas fútiles, además de responder con la represión policial ante la organización de los trabajadores en la defensa de sus derechos.