La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, prestará declaración este miércoles en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga el “caso Púnica”, Manuel García Castellón. 

Ha sido citada para aclarar si tuvo algún tipo de vínculo con la adjudicación irregular del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco. 

Cifuentes fue recientemente imputada por estas adjudicaciones, ya que ella era la presidenta de la mesa de contratación, y también formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes. 

Además, en el caso “Púnica” se estudia su participación en “el concierto”, junto a la funcionaria Tatiana Recoder, en “el comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco”. 

El juez explica en su auto que “no les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico”. 

El auto recuerda que, además, Cifuentes era patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones por el investigado Arturo Fernández, y formó parte del comité regional de campaña del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de ese año. 

El juez tiene previsto tomar declaración a unos 40 imputados en esta causa a lo largo del mes de octubre. Entre los citados, se encuentra la también expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que acudirá a la sede de la Audiencia el próximo día 18 y de su sucesor, Ignacio González, que comparecerá un día antes. 

La Fiscalía defiende que el PP madrileño se benefició de financiación irregular, desviando fondos públicos al pago de gastos a privados de la organización y de sus dirigentes. Una actividad de la que cree que Cifuentes no pudo ser “ajena”. Dentro de ese entramado inscribe la adjudicación de la citada cafetería de la Asamblea autonómica o las adjudicaciones de contratos públicos a Indra a cambio de comisiones.