Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, declaró el jueves 25 de octubre que impulsará una reforma para añadir la ‘aporofobia’ en el Código Penal.

Hoy en día hay unas 40 000 personas en la calle de forma permanente según Cáritas y la Federación de Asociaciones y Centros para la Integración y Ayuda a Marginados. 40 000 sin tener en cuenta las ejecuciones hipotecarias que se dan a diario, que afectan a más de 100 hogares al día; ejecuciones que son llevadas a cabo por inmobiliarias y fondos de inversión amparados por la Ley actual, sirviendo así a la especulación y facilitando la evasión fiscal de tales empresas.

“Es una infamia que esta sociedad no puede tolerar”, manifestó Sánchez sobre la aporofobia, a la vez que reconocía que el número de personas que se encuentran en la calle se ha incrementado un 38 % desde el estallido de la crisis.

Entre sus declaraciones también se encontraban afirmaciones como “vamos a dejar de fingir que el problema no existe si lo ignoramos con la mirada”, “una lección de la crisis es que nadie está libre de caer, de tocar fondo y perderlo todo”, un discurso paternalista que no concuerda con los hechos que después ejecuta su Gobierno “del cambio”, pues mientras habla de combatir la aporofobia se apoya en un acuerdo de readmisión firmada en 1992 con Marruecos para realizar devoluciones en caliente de inmigrantes llegados a Melilla, o mientras que muestra su “preocupación” por las personas en la calle los desahucios siguen a la orden del día en España, y no sólo en los lugares donde se encuentran los Ayuntamientos denominados “del cambio”, sino que la actual ley de “desahucio exprés” lleva su firma, una realidad que este Gobierno decide desoír.