Fuente: infolibre

El nuevo decreto ley de violencia machista parece estar generando a su alrededor un auténtico circo político en el que los distintos partidos se están retratando unos a otros, usando una problemática de semejante envergadura para procurarse un lavado de cara en el caso del PSOE, y generar una inútil polémica en el caso de PP y Ciudadanos, además de un silencio que dice mucho de PODEMOS.

Más allá de entrar en debates vacíos, ninguno de ellos – incluyendo al resto de fuerzas políticas del Estado- se preocupa por atacar la auténtica raíz del problema, perdiéndose entre meros eslóganes, campañas publicitarias y leyes que actúan a posteriori, una vez el daño es irremediable.

Como era de esperar, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo cataloga de “impecable” el decreto ley, apelando a la necesidad de consenso entre las distintas fuerzas políticas. Por otra parte, PP y Ciudadanos cuestionan la legalidad de las propuestas elegidas por el Gobierno.

La convocatoria para debatir el decreto ley en el Congreso está fechada para el próximo día jueves 6 de Septiembre. Calvo ha hecho hincapié en la necesidad de “lealtad” en la lucha contra la violencia machista, sin especificar si esta lealtad se la debemos a los cientos de miles de víctimas que la sufren a diario, o a las instituciones de Gobierno que no paran de generar leyes inocuas que únicamente perpetúan la situación.

Durante su intervención, Carmen Calvo ha aludido a la urgencia de la vía propuesta, que “se deriva de la tragedia” de la violencia machista, como si se tratase de una serie de acontecimientos desafortunados aislados que nada tienen que ver con la propia estructura social y económica.

Entre las medidas que podemos encontrar en este decreto ley destacan la consideración de los informes elaborados por los servicios sociales o de acogida para acceder a derechos y recursos en los casos en los que no exista denuncia, o una mayor facilidad de acceso a asistencia psicológica.

En cualquier caso, comprobamos que se trata de políticas que serían aplicadas una vez que la violencia machista ya se ha manifestado de forma explícita y la víctima ha logrado llegar a los tribunales, cosa que en la mayoría de los casos no llega a producirse nunca, u ocurre cuando ya es demasiado tarde. De modo que seguirían sin proporcionarse los medios necesarios para la erradicación de las desigualdades entre hombres y mujeres desde su misma base, optando en su lugar por el uso de parches legales que únicamente actúan sobre papel mojado.

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