La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido este lunes que se interesó personalmente por el aval de 400.000 euros que finalmente concedió Avalmadrid en 2011 a una empresa participada al 25% por su padre, y que nunca se devolvió.

Isabel Díaz Ayuso ha admitido que escribió a la empresa semipública Avalmadrid (financiada al 30% por la Comunidad de Madrid) para interesarse por la situación del aval de 400.000 euros concedido a la empresa que tenía su padre al 25%, MC Infortécnica, y que finalmente quedó impagado. La ayuda había sido aprobada el 15 de marzo de 2011 contra las advertencias de los técnicos, y solo unos meses después surgieron los problemas económicos, aunque finalmente ningún bien de la familia de la actual presidenta madrileña ha sido embargado ni tampoco a ninguno de los ocho avalistas solidarios que firmaron, entre ellos, su madre. 

La ahora presidenta de la Comunidad de Madrid mandó un email a una persona de la entidad en julio de 2011 en el que muestra su preocupación por la situación económica familiar y escribe a un trabajador de la sociedad avalista madrileña, mediando así entre los asuntos económicos de sus padres y Avalmadrid (sociedad cuya presidencia de consejo está en manos del gobierno regional). A esta persona no accede como hija anónima de un avalado, sino gracias a la mediación de la viceconsejera de Esperanza Aguirre, Eva Piera. 

En la entrevista televisada, Ayuso negó su vinculación con la política en aquellos momentos. En el momento en que escribió aquel correo, además de que desde 2006 trabajaba como asesora del consejero de Interior del PP Alfredo Prada y, desde 2008, como asesora de Esperanza Aguirre, faltaban solo unas horas para que tomase posesión como diputada autonómica. El mail revela que uno de los primeros contactos por escrito de Ayuso con Avalmadrid se produjo el 14 de julio de 2011 a las 16.12 horas. El 15 de julio, a la mañana siguiente, entró a formar parte de la Asamblea como diputada.

Uno de los hitos de esa carrera para poner a salvo el patrimonio sería la donación que le hizo su padre de un piso que ella aceptó en octubre de ese año, cuando la empresa ya atravesaba dificultades, y que sirvió para escapar a posibles embargos derivados de la no devolución de la ayuda.

El Código Penal castiga como alzamiento de bienes las acciones de un deudor para disminuir su patrimonio y frustrar que el acreedor cobre su deuda con esos bienes. Sin embargo, en la misma entrevista del lunes, Ayuso justificaba la donación para evitar perder el patrimonio familiar.

El fracaso en la operación de aval al padre de Ayuso no es la única que suma la empresa semipública madrileña (además de la Comunidad de Madrid participan Bankia, la Cámara de Comercio y la patronal CEIM), que enfrenta una multa del Banco de España por operaciones de alto riesgo y falta de información de los avales más dudosos.

De hecho, el año siguiente a la concesión a los Ayuso, inspectores del organismo bancario realizaron una investigación y hallaron numerosas irregularidades e incidencias confirmadas más tarde por una auditoría encargada por la propia Avalmadrid. Por ejemplo, que se estaban dando avales a negocios en situaciones de riesgo y algunos de ellos con vínculos con los propios consejeros o personas con intereses cruzados.