El gobierno de EE.UU ha informado de que se hará un plan para tratar de identificar a la gran cantidad de menores que, debido a la terrible e injusta administración, han sido separados de sus familias en la frontera de México. Este lento proceso podría tardar hasta dos largos años.

Esta idea ha surgido como consecuencia de una demanda a un juez federal de San Diego, el cual ha exigido a las autoridades que vuelvan los menores a sus familias.

La duración de este proceso dependerá de la rapidez del mecanismo de identificación basado en análisis de datos, estadística y revisión manual.

Según la organización demandante ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), el Gobierno ha reunido rápido los recursos para separar a los menores y ahora debe reunir los recursos para reparar el daño.

Estas separaciones surgieron como consecuencia de la política de “tolerancia 0” y de procesamiento penal y encarcelamiento de aquellos que cruzaban “ilegalmente” la frontera hasta el 20 de junio del año pasado, día en el Trump firmó una orden ejecutiva cancelando estas políticas.

Una vez más se puede ver la hipocresía de EE.UU que se denomina defensor de los derechos humanos en países como Venezuela, mientras separa a familias y no las deja pasar a su frontera después de huir de una situación de miseria y pobreza.