Los exconsejeros catalanes Lluís Puig y Toni Comín, declarados formalmente en rebeldía desde julio de 2018 tras huir a Bélgica, comparecerán el próximo 15 de noviembre ante los Tribunales belgas, en la que será la primera vista para decidir sobre las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ellos por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

El Tribunal Supremo reclama la entrega de Puig, que fue responsable de Cultura en el gobierno regional de Puigdemont, por los delitos de malversación y desobediencia por el intento de secesión de Cataluña en octubre de 2017. 

La justicia española también reclama a Bélgica también la extradición de Comín, ex consejero regional de Sanidad, pero en su caso por malversación y el delito más grave de sedición, como en el caso del expresidente catalán. 

Por estos hechos, el tribunal español condenó en octubre a nueve líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, pero no pudo juzgar a Comín y Puig por haberse marchado a Bélgica tras el intento de secesión unilateral.

En la sesión de este jueves, el magistrado les ha preguntado si aceptan su entrega a través de la Orden Europea de Detención y Entrega y ambos lo han rechazado. “Una de nuestras líneas de defensa en el proceso ha sido la falta de garantías en España”, dijo Toni Comín a la salida de la Fiscalía este jueves, “por eso incorporaremos las declaraciones de Pedro Sánchez y otros miembros de su Gobierno”. Refiriéndose a las declaraciones de Pedro Sánchez en que afirmaba en el debate electoral que se comprometía a traer a Puigdemont a España si se mantenía en Moncloa.

A partir de ahora, se inicia un procedimiento en un juzgado de primera instancia en la Cámara del Consejo de Bruselas, que podrá ser recurrido en apelación y Casación. El plazo normal para resolver el dossier es de 60 días, que pueden extenderse hasta 90 e incluso más allá en casos excepcionales.