La red nacional de acogida para solicitantes de asilo está al borde del colapso.

Las 95.000 demandas presentadas este año, entre las que hay un 20% de menores de edad, doblan prácticamente las del año anterior. El ritmo es de 9.000 al mes.

Este año han llegado a España unos 95.000 solicitantes de asilo. La Secretaría de Estado de Migraciones asume que no tiene capacidad para dar un techo a todos los que lo necesitan. El resultado es una imagen que comienza a ser recurrente: familias enteras con niños que cada noche se acurrucan bajo mantas térmicas a las puertas del Samur Social, el servicio municipal de la capital que, en última instancia, debería evitar que
duerman a la intemperie.

Más de un tercio de los solicitantes que han llegado a España este año son venezolanos, inmersos en una crisis humanitaria. Pero también hay colombianos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que escapan de la violencia de sus países. Todo apunta a que los números, debido a la inestabilidad creciente en América Latina, seguirán aumentando.

El sistema de asilo español solo concede algún tipo de protección a uno de cada cuatro solicitantes, una de las tasas más bajas de Europa, así que la inmensa mayoría verá rechazada su petición. Los venezolanos también suelen quedarse fuera, pero a ellos el Gobierno les concede un permiso de residencia y trabajo de un año por razones humanitarias.

La Secretaría de Estado de Migraciones tiene la obligación de acoger a los más vulnerables, sin embargo está fallando. España se ha colocado entre los cinco países de la UE que más demandas recibe, a poca distancia de Francia y Alemania. Además, el Defensor del Pueblo lleva advirtiendo de las graves deficiencias del sistema desde el año 2013.

El desbordamiento del Estado obliga a los Ayuntamientos a hacerse cargo de los solicitantes que quedan fuera del sistema y ha llevado a ciudades como Madrid y Barcelona a atender un perfil desconocido en España de personas sin hogar: familias extranjeras con niños.