El Gobierno llevará la negociación de la reforma del Código Penal a un Congreso dividido en dos bloques que parecen irreconciliables con ese proyecto: los socios de la investidura, que están abiertos a negociar la reforma, y la derecha, posicionada totalmente en contra.

El pasado lunes se hacía público que el gabinete de coalición formado por el PSOE y Podemos no descarta suavizar las penas por sedición. Si finalmente este Gobierno reforma el Código Penal en este sentido, los políticos catalanes encarcelados por este motivo se verían afectados, ya que el reo siempre se beneficia de la ley más indulgente. Es decir, que en tal caso sí operaría la retroactividad.

“Hay que ir paso a paso -respondió el jefe del Ejecutivo-. Yo creo que es evidente que con toda esta crisis se ha mostrado algo, y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos”.

El miércoles, ante la animadversión creada a raíz de esta noticia, Carmen Calvo tuvo que precisar las palabras del presidente: “La reforma del Código Penal es un instrumento legislativo que no va a ser sometido a ninguna negociación, a lo único que va a ser sometido es al debate parlamentario”.

PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado su rechazo total y suman 153 escaños. Para reformar el Código Penal se exige mayoría absoluta de la Cámara, por lo que el PSOE necesitaría más votos que los que obtuvo Pedro Sánchez para ser investido.

Ni el Gobierno ni el PSOE han aclarado si el nuevo proyecto de ley del Código Penal lo tramitará el Ejecutivo o el grupo parlamentario a través de una proposición de ley, tampoco cuándo se abordará. Lo que sí han dejado claro desde el PSOE es que no será en la reunión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el de la Generalitat, Quim Torra, ni con el resto de las autonomías.

Sin embargo, la Vicepresidenta sí explicó que se trata de una reforma que no reviste tanta urgencia “como necesidad”. E insistió en la idea de que “hay tipos penales de nuestro país que no están a la altura del derecho comparado en Europa”, como ya esbozó el lunes el propio Sánchez.