El Gobierno ha aprobado la ampliación de la reforma normativa sobre las inversiones exteriores para impedir que, tanto empresas de fuera de la Unión Europea como las empresas de la Unión pero que pertenecen a inversores externos a ésta, puedan hacerse con el control de entidades españolas del sector estratégico aprovechando la crisis del coronavirus. Para ello han declarado que dichas empresas no podrán adquirir más del 10% del capital social de estas.

Matizando la cuestión Europea, esto quiere decir que la restricción en el ámbito de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio solamente afectará a los inversores que vivan en países miembros, pero estén controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial.

Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.

Sánchez justifica este decreto es una forma “para impedir que empresas de fuera UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída coyuntural de sus acciones en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros”.