Este martes el consejo de ministros ha aprobado un Real Decreto Ley (RDL) compuesto por medidas para garantizar la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, explotación sexual o trata.

La mayor parte de las medidas formaban parte del plan de contingencia del 17 de marzo del ministerio presidido por Irene Montero.

El decreto considera esenciales ciertos servicios para la protección de las víctimas, por lo que se deberá garantizar su funcionamiento en todo el territorio durante el estado de alarma.

Entre las medidas se encuentran el teléfono de asistencia 016 como consultorio de atención jurídica o un servicio de atención psicológica por medio de Whatsapp. Los servicios esenciales están compuestos por la red de servicios de acogida, como centros de emergencia, casas de acogida, pisos tutelados y los alojamientos seguros. Una novedad sería la posibilidad de utilizar alojamientos turísticos para albergar a estas víctimas.

Pese a todo ello, el Real Decreto Ley no incluye ningún fondo adicional para poder implementar las medidas. Lo que se hará es flexibilizar los procedimientos para favorecer la ejecución de los fondos del pacto de Estado contra este tipo de violencia. Es decir, se permitirá utilizar los remanentes de los fondos no gastados en 2019 para dar respuesta a la violencia machista.

En el pacto de Estado aprobado en 2017 se dotó con 1.000 millones de euros durante 5 años a las comunidades para implantar las medidas acordadas, votación de la que Unidas Podemos se abstuvo por considerar la cifra insuficiente.