El 15 de enero dará comienzo la vista oral del macrojuicio contra 139 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010, que provocó la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno.

Los implicados están acusados por la presunta comisión de un delito de abandono de función pública el pasado 4 de diciembre del año 2010.

El caos aéreo que provocó esta huelga afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en España. Algunos afectados iniciaron acciones legales, por las que se abrieron 23 causas en juzgados de todo el país, la mayoría archivados y exculpatorios.

En febrero, el sindicato USCA consiguió un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid y acusaciones particulares, por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones para indemnizar a los afectados. Este acuerdo supuso el fin del conflicto para el sindicato.

En Palma, 83 acusados realizaron el pago de las indemnizaciones y la mayoría se adhirió a un pacto con la Fiscalía por el que reconocían un delito de abandono de funciones públicas, evitando así la acusación de sedición.