A pesar de que el viernes se anunció desde el Ministerio de Trabajo que se emitiría una nueva norma que prohibiría los despidos derivados del coronavirus, el Real Decreto-ley 9/2020, publicado este sábado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), lo que ha hecho es encarecerlos, no impedirlos.

La medida tomada desde el ministerio ha anulado entre las causas objetivas de despido aquellas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas o de producción mientras se mantenga el estado de alarma, sin embargo, esto no implica que se hayan modificado los despidos improcedentes ni que se hayan determinado como nulas las anteriores causas.

Este hecho implica que los despidos podrán seguir llevándose a cabo y que, en caso de que sea necesario, deberá ser un juez quien determine si estos despidos se consideran nulos, aunque, para que eso suceda, deberá poder ser tramitado como colectivo y no como individual, ya que en la norma publicada no se especifica dicha nulidad.

Entre las diferencias existentes entre el anterior despido por causas objetivas y el actual despido improcedente la principal es que para el primero la indemnización que se recibe es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, mientras que el segundo prevé 33 días, con un tope de 24 mensualidades.

Cabe señalar que, dicho decreto también ha hecho mención, en la disposición adicional primera, a la duración de los ERTEs por fuerza mayor, limitándolos al estado de alarma. Este hecho significa que éstos finalizarán en el mismo momento en el que este acabe, por el momento decretado para el 14 de abril, por lo que los trabajadores recuperarán su puesto y jornada anteriores.