Tras una primera resolución positiva para el escaño de Torra, el PP, Vox y Ciudadanos presentaron sus recursos a la Junta Electoral Central y el Parlament ha alegado que es su propia cámara la encargada de determinar las consecuencias de una resolución judicial hacia un diputado.

El Parlament, de mano de un texto redactado por Joan Ridao, su letrado mayor, ha alegado a la Junta Electoral Central (JEC) para impedir que ésta inhabilite a Quim Torra como diputado, cosa que imposibilitaría a su vez, que este presidiese la Generalitat de Catalunya.

Concretamente el escrito, con fecha del 30 de diciembre, pide que la JEC desestime o decida no admitir los diferentes recursos que PP, Cs y Vox presentaron tras la primera decisión de la JEC, comunicada la pasada nochebuena, donde el órgano judicial ya desestimó las peticiones de inhabilitar a Torra.

El letrado basa su defensa por un lado, en los razonamientos de la última decisión, que consideraba que “a efectos penales, la condena lo es por desobediencia a la Administración Electoral y ésta no puede ser subsumida entre las Administraciones públicas a las que se hace referencia en el artículo 6.2 b de la LOREG y, en segundo lugar, en base a la interpretación restrictiva y proporcional de las normas limitativas del derecho a sufragio pasivo del art. 23 CE”, según el escrito.

Por otra parte, también respalda sus alegaciones asegurando que el propio Parlament es “el competente para resolver las cuestiones de incompatibilidad de los diputados del Parlament”. En conclusión, que siendo la cuestión de la acusación ajena al régimen electoral, según Ridao, debe resolverse y mediarse según el estatuto de los diputados.

Por lo tanto, para Joan Ridao, la JEC “es incompetente por razón de la materia teniendo en cuenta que no se trata de una cuestión de régimen electoral y que la incompatibilidad de los diputados es una cuestión que afecta al estatuto de los diputados, por lo que es el Parlament el que debe determinar la afectación de la resolución judicial respecto al estatuto de uno de sus miembros”.

Finalmente, añade también a sus alegaciones que la sentencia judicial que inhabilitó a Torra por negarse a retirar una pancarta de la fachada de la Generalitat durante el período electoral, aún no es definitiva.