Ni una menos
Fuente: Marcos Brindicci (Reuters)
El Pleno del Congreso ha convalidado, con el apoyo casi unánime de todos los grupos parlamentarios, el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que será tramitado como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia. La iniciativa ha sido aprobada por 335 votos a favor y 2 abstenciones. El decreto defendido por la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, quien hace alarde de su posición social y trata de desviar la causa del problema con estas palabras: “Nadie se puede poner de perfil en la lucha contra la violencia de género. Este tema requiere unión y estar por encima de intereses políticos. La lucha contra el machismo es una tarea colectiva del país. No es posible entenderla sin las organizaciones de mujeres, sin la sociedad civil… y tampoco sería posible entender la lucha contra el terrorismo machista con la ausencia de algún partido político”. Según Calvo, la eliminación de la opresión que sufren a día de hoy las mujeres trabajadoras, no es una cuestión de ideología política, sino algo al margen de ello.  Deberíamos entender entonces que cuando un partido político intenta restringir los derechos de las trabajadoras no lo hace por defender los intereses de las clases dominantes, sino por capricho propio.
La ministra socialista recalcó que las medidas contempladas en el Real Decreto “son resultado del consenso y del debate político”. Esperemos que no sea el mismo consenso al que llegó este mismo partido con el PP a la hora de modificar el artículo 135 de la Constitución para pagar la deuda pública contraída por el Estado y las grandes empresas con el dinero de todos los trabajadores del país.
Siguiendo con el Real Decreto,  nos encontramos con un punto el cual es preciso pararse. Para el PSOE resulta de vital importancia el que las administraciones locales tengan la capacidad legal para promover actos por la igual de sexos; al parecer este partido y el grupo morado que le brinda apoyo, no ven o no quieren darse cuenta del origen del problema. La gran mayoría de víctimas de violencia machista y mujeres trabajadoras asesinadas por sus parejas ya habían denunciado o eran incapaces de hacerlo por estar atadas económicamente a su pareja. El teléfono 016, los talleres culturales por la igualdad y un sin fin de actuaciones parciales si bien son necesarias, resultan inútiles mientras la mujer de clase obrera no consiga su independencia económica. Resulta hipócrita establecer un Real Decreto contra la violencia de género y la igualdad, mientras defiendes a las grandes empresas que día tras día explotan a las mujeres trabajadoras y promulgas una reforma laboral que condena forzosamente al paro a millones de personas. De nada sirve que se facilite la acreditación de situaciones de violencia de género, si a la mujer le es imposible escapar de esta situación y se ve condenada a permanecer junto a su maltratador por miedo a verse desamparada.
El PSOE, intentando tapar lo evidente, hace uso de su hipocresía y promueve con este decreto la posibilidad de acceder a unas pequeñas ayudas económicas en caso de acreditación de ser víctima de maltrato. Resulta vergonzoso el tapar la exclavitud a la que sus políticas económicas condenan todos los días a todos los trabajadores y con especial énfasis a las obreras, condenándolas a la dependencia económica hacia su agresor, e intentes tapar la raíz del problema con unas míseras ayudas económicas imposibles de obtener en la práctica.