La sala del Tribunal Supremo que llevó el caso del Procés independentista en Cataluña ha advertido al Govern de la Generalitat que la excarcelación de los líderes independentistas por la pandemia de coronavirus podría enmarcarse en un delito de prevaricación por el que podrá exigirse responsabilidad penal.

La posibilidad de que se produzcan excarcelaciones debido al coronavirus ya fue rechazada por las Instituciones penitenciarias al organismo dependiente del Ministerio del Interior al inicio del Estado de Alarma; y se tomaron medidas desde el Consejo de Ministros que tuvo lugar el 14 de marzo por el que se decretó el Estado de Alarma, que decretaron la suspensión de permisos de visita y comunicaciones con los internos para evitar la propagación, aunque potenciando a cambio el sistema de comunicación telefónica.

Por su parte, desde la Consejería de Justicia catalana se informó entonces que los políticos independentistas seguirían los consejos sanitarios confinados en sus celdas. Es decir, que no saldrían a trabajar ni a ejercer voluntariado en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Según concretó Interior, cualquier decisión que se adoptara en el sentido de autorizar a internos en centros ordinarios clasificados en segundo grado con un programa de tratamiento individualizado (artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario) para que pasen a residir en sus domicilios “no cuenta con soporte legal alguno, salvo que tal decisión sea aprobada judicialmente”.