El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso que realizó Compromís contra la decisión del Parlamento de no tramitar la proposición de ley que ellos propusieron para la fiscalización de las cuentas de Zarzuela y que tanto el Jefe del Estado como los miembros de la Familia Real tuvieran una declaración de bienes y otra de actividades como se obliga a diputados y senadores.

La proposición de ley de Compromís plantea desarrollar el artículo 65.1 de la Constitución, que establece que el Rey “distribuye libremente” la asignación que todos los años recibe vía Presupuestos Generales del Estado para “el mantenimiento de su familia y casa”. Este artículo se ha utilizado por parte de varios grupos parlamentarios para argumentar que las cuentas del rey no pueden ser fiscalizadas, sin embargo, Compromís refutó esta tesis alegando que a pesar de que el rey puede distribuir libremente esta cuantía, no quiere decir que no pueda haber una transparencia para ser objeto de análisis por parte del congreso.

A pesar de esto PP, PSOE y Ciudadanos vetaron la tramitación de dicha ley, usando como argumento los artículos 56 y 65 que protegen la inviolabilidad del rey y afirmando que no es función del parlamento controlar al rey. En el recurso de Compromís el Tribunal Constitucional argumenta para inadmitir el recurso que las proposiciones de ley pueden ser adoptadas a iniciativa de un diputado, con la firma de otros catorce miembros de la Cámara, o de un grupo parlamentario, con la sola firma de su portavoz.

Por lo tanto, la Mesa de la Cámara atribuye al grupo parlamentario mixto la autoría de la iniciativa, no a los diputados ahora recurrentes en amparo a pesar de que figurasen sus firmas en el escrito de presentación de la proposición de ley y es por eso por lo que se inadmite el recurso.