El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes al ex Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo su ejecutiva, la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre, calculada provisionalmente en 4.146.000 euros.

4.1 millones es la cifra que aparece en el acta de liquidación provisional que el tribunal fiscalizador ha entregado a los abogados de los acusados la mañana de este martes, tras lo que les ha dado un periodo de tiempo para estudiarla y presentar alegaciones.

Una vez finalizado el trámite, el Tribunal de Cuentas ha comunicado la cifra que deben depositar a los representantes legales del expresidente Carles Puigdemont, al exvicepresidente, Oriol Junqueras, y a los otros 29 acusados, entre ellos exconsejeros y altos cargos de la Generalitat, como Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull o Joaquim Forn.

Esta será una fianza conjunta, recayendo su responsabilidad sobre todos los consejeros que suscribieron el acuerdo del 6 septiembre 2017, en el que se oficializó la pretensión de realizar el referéndum del 1 de octubre.

El Tribunal de Cuentas elabora este cálculo en base a partidas que ya se emplearon como prueba en el Tribunal Supremo y que sirvieron para condenar a los líderes independentistas por malversación.

Destacan los gastos vinculados al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas web y programas informáticos de cara a la votación del 1-O, el uso de 2.259 locales y la publicidad institucional.

También se investiga si se destinaron fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, a lo que se suma la acción exterior desarrollada porqué la Generalitat en favor del referéndum.

En noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas ya condenó a Artur Mas y a otros nueve miembros del Govern a pagar 4,9 millones de euros por la consulta soberanista del 9-N. En el caso del expediente de responsabilidad contable por la votación del 1 de octubre de 2017, Puigdemont no podrá hacer valer su inmunidad como eurodiputado, ya que dicho privilegio no se extiende a esta jurisdicción.