El próximo 10 de noviembre tendrán lugar las nuevas elecciones generales tras la imposibilidad de los partidos políticos de formar un nuevo gobierno. Estas nuevas elecciones parece que tendrán lugar en un escenario económico cada vez menos optimista para España debido, mayormente, a motivos exógenos al país.

Primero, el Brexit podría traer consigo una recesión tanto en Alemania como en el Reino Unido. Además, China y Estados Unidos amenazan con arrastrar al comercio mundial a una crisis por su guerra de aranceles. Y no sólo eso, cabe destacar también el reciente ataque a instalaciones petrolíferas que ha tenido lugar en Arabia Saudí y que ha tenido como consecuencia un ingente aumento en los precios del petróleo.

Además, a pesar de que España continúa duplicando los datos de incremento del PIB del conjunto de la Unión Europea y es uno de los socios que más importancia está teniendo para “tirar del carro” de la economía europea, continúa arrastrando una gran debilidad: una deuda pública cercana al 100% del PIB del país. 

Y así, en este contexto, España se dirige hacia unos nuevos comicios, los cuartos en los últimos cuatro años, y el panorama cada vez se ensombrece más al prolongar la interinidad de un gobierno que lleva en funciones casi cinco meses. Esto supone diversas carencias, pues el actual gobierno en funciones no tiene potestad para poder adoptar medidas más allá de las de trámite. Por ello, las comunidades autónomas, encargadas de políticas como la sanidad, la educación y la dependencia, siguen estando entre las principales perjudicadas de esta situación: la ausencia de gobierno y la prórroga presupuestaria posterga la transferencia de 7.200 millones de euros a las arcas autonómicas.

Este miércoles, Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisaron de que “las situaciones de inestabilidad política no son buenas para los mercados, ni tampoco para la economía”. Además, reafirmaron su esperanza para que, tras las elecciones, haya al fin un gobierno “con capacidad” para introducir reformas.