El Ministerio de Fomento, a través del “Plan 20.000”, va a repetir lo que Comunidades Autónomas como Madrid, Barcelona o el País Vasco ya habían desarrollado anteriormente con la cesión del suelo público para que cooperativas o promotoras privadas construyan viviendas a precios asequibles.

Según se ha declarado desde el Ministerio de Fomento, la empresa ejecutora de la construcción de las viviendas es quien recibe, durante 50 años el alquiler que corresponda, y, transcurridos esos años, estas vuelven a manos del sector público.

No obstante, la gran mayoría de las viviendas protegidas en España, a pesar de estar en suelo público, han pasado a manos privadas, lo que sitúa al país entre los que menos parque público tiene. Esto se debe a que, al igual que sucedió con el “Plan 18.000” desarrollado en Madrid o en el País Vasco con 20.000 viviendas de “alquiler vitalicio”, quiénes eran residentes de las viviendas construidas pudieron comprarlas pasados 75 años.

Por todo ello el Ayuntamiento de Barcelona, para evitar que las 2.122 viviendas de alquiler social, ha dicho que se está negociando con la Consejería de Territorio y Sostenibilidad para que estas construcciones pasen a ser, de forma permanente, de calificación pública.

Además, también desde Barcelona se está dispuesto a apostar por una fórmula en la que, después de pasados los 75 años, el sector público pueda adquirir las viviendas construidas en suelo público, y que estas pasen a ser parte del parque público de vivienda.

Sin embargo, se debe vigilar en qué condiciones se ofrecen los permisos de construcción a empresas privadas, para evitar que, debido a la nula política fiscal, financiera y presupuestaria en este aspecto, se obtenga un lucro excesivo. De esta forma, se potenciaría un sector casi inexistente en España con el que se lograría que pudieran ofrecerse alquileres asequibles