El auto del juez Manuel García-Castellón, imputa a la expresidenta de la comunidad de Madrid , Esperanza Aguirre así como a su sucesora, Cristina Cifuentes.

El nuevo auto, cinco años después de que se iniciara la investigación sobre la trama púnica, habla de que el Partido Popular de la capital se habría embolsado más de 11 millones de euros de dinero público a través de la adjudicación de contratos. 

La trama coloca a Esperanza Aguirre a la cabeza, apoyándose en sus dos hombres de confianza : Ignacio González y Francisco Granados. “Aguirre se habría apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones”, apunta el juez.

Ella sería la ideologa y máxima supervisora de dichas adjudicaciones fraudulentas, que tendrían como objetivos la financiación del PP y de sus campañas electorales, así como el beneficio de quienes trapicheaban con este dinero público.

Según informa “El Confidencial” está trama piramidal con la expresidenta a la cabeza habría empezado en 2003 y se habría alargado en el tiempo más de diez años. 

Entre los varios casos podemos destacar el del desfalco en la Consejería de Sanidad, en este caso utilizando el ‘Plan de infraestructuras sanitarias 2004- 2007′(proyecto que debía servir para construir  nuevos hospitales y centros de salud)  y que sirvió de cobertura para obligar a cada contratista a abonar en concepto de publicidad “hasta un 1% del presupuesto de cada contrato como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del partido”, cosa que les habría hecho embolsarse más de tres millones según afirma el auto.

Este método del 1% también serviria para sacar tajada en la Consejería de Transportes, utilizando el plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras y con la excusa de la necesidad de contratación de publicidad para una pretendida campaña de “concienciación a los motoristas”,según señala el magistrado: “Provocaba que las empresas licitadoras presentasen unas ofertas más elevadas, al tener que contemplar en su ‘bussiness plan’ el coste de dicha publicidad, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas”,aunque está vez no se estipula la cantidad desviada de esta partida.

También utilizaron la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) para desviar dinero público,así lo afirma el auto:  “El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la comunidad a Fundescam”,  desviandose más de 500.000 euros en 2007, 2008 y 2011. 

Finalmente el auto deja a Esperanza Aguirre como máxima impulsora de la financiación fraudulenta, afirmando que : “La investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar sufigura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”