La fiscalía anticorrupción afirma que el espionaje ordenado por el BBVA para evitar el asalto a la entidad bancaria por parte del grupo liderado por el expresidente de Sacar, Del Rivero, se llevó a cabo no solo por un ex comisario activo (José Manuel Villarejo), sino también con los medios materiales de la policía nacional.

La información que le proporcionó a la entidad financiera el ya jubilado comisario procedía de la Unidad Central del Apoyo Operativo del cuerpo y el principal proveedor de la información protegida fue el antiguo responsable de tal departamento. Además, fue facilitado el tráfico de llamadas y las interceptaciones con las que luego Villarejo elaboraba informes para BBVA.

La investigación judicial confirma que la facturación de las empresas del ex comisario a la entidad fue de al menos 11 millones de euros.

El comisario Enrique García Castaño fue quien facilitó desde la UCAO a Villarejo los datos que luego comercializó. A pesar de ello ha declarado que Villarejo se inventó el pinchazo de teléfonos, negando los hechos. La Audiencia Nacional investiga la obtención por parte del banco de 15.000 llamadas que se intercambiaron durante el periodo de intento de toma de control de la entidad. De esta forma, el banco controló en tiempo real los movimientos del llamado Grupo Hostil, es decir, quienes se aliaron para quitar a González de la presidencia.

Tanto Del Rivero como Vicente Benedicto (antiguo directivo de BBVA) y José Domingo de Ampuero (actual presidente de Viscofan) han pedido acusar a Villarejo de delito de revelación de información secreta, y la violación masiva de su intimidad en las fechas en las que Sacar pretendía adquirir una participación del 5% en el BBVA para tener una notable presencia en el Consejo de Administración.

Fue una operación sin control judicial ni policial, convirtiéndose así en un negocio privado de Villarejo en el que teléfonos como el de Rodrigo Rato, la sede del PSOE, El País o Intereconomía, entre otros, fueron espiados.