Fuente: Agencia EFE

Los exconsellers de la Generalitat que están en Bruselas han interpuesto una demanda civil ante la justicia belga contra el magistrado Instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que ya ha sido citado a declarar el próximo 4 de septiembre por un tribunal de ese país. Ante eso, el pasado 14 de agosto, Pablo Llarena presentó su petición de amparo fuera de plazo en Bélgica.

La gran sorpresa se anunció después, cuando se dio una provisión de fondos en el contrato firmado con el bufete de abogados belga de 450.413,22 euros, más otros 94.568,78 en concepto de impuestos; en total 544.982 euros. Una cantidad de dinero muy superior a la establecida en la doctrina de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que está Llarena,  que establece que como mucho las costas judiciales se tasan en 3.000 euros. Una diferencia absolutamente salvaje que remarca la indiferencia del Estado mientras se trate de defender sus intereses.

Esa ingente cantidad de dinero presupuestada debería haber sido adjudicada tras un concurso público, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Con las prisas, el Gobierno se estaba saltando requisitos de esa ley que el propio Estado ha creado referentes a la tramitación urgente de los expedientes.

La ley prevé un régimen excepcional en caso de tener que actuar de manera inmediata, pero el Gobierno no puede acogerse a los casos excepcionales puesto que la urgencia viene de solicitar el amparo fuera de plazo, cuando no ignoraban para nada los hechos.

El Estado en todo momento se ha mantenido asustado ante la posibilidad de que el juez Llarena pierda el caso, quedando así totalmente desacreditado, por lo que no ha dudado en todo momento en usar todos los trucos posibles independientemente del gasto que supone para no destaparse como el aparato podrido que es.