La semana pasada, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, decidió suicidarse con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, quien ofreció sus manos para proporcionarle el pertobantial sódico que ella mismo compró cuando aún podía valerse un poco por sí misma.

El testimonio que María José y Ángel decidieron dejar sobre el proceso del suicidio ha provocado que el debate acerca de la eutanasia esté de nuevo vigente entre los partidos políticos y en las redes sociales, donde en menos de un día se recogieron más de 200.000 firmas para evitar que se presentaran cargos contra Ángel.

En España, a día de hoy, no existe una legislación concreta sobre la eutanasia, pero el suicidio asistido sí que se castiga en el Código Penal.

Según el Código, inducir al suicidio de otra persona se castiga con prisión de cuatro a ocho años. Cooperar con actos necesarios al suicidio tendrá una pena de cárcel de dos a cinco años. En caso de llegar a ejecutarse la muerte, subiría a entre seis y diez años. Por último, “en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”, entre dos y ocho años.

En junio de 2018, el Congreso de los Diputados votó a favor de la ley de eutanasia propuesta por el PSOE con la única abstención del PP, mayoría suficiente para cambiar el Código Penal. Meses más tarde, en la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, bloquearon la propuesta. Con esto, la propuesta quedó bloqueada hasta ahora, cuando se ha reavivado el debate con la historia de Ángel y María José.

Cerca de las elecciones del 28-A, el programa electoral de los socialistas incluye aprobar “una ley para regular la eutanasia y la muerte digna, defendiendo el derecho a elegir con libertad hasta el último minuto de nuestra vida, y el derecho a recibir la mejor atención médica en su tramo más difícil”. El PP ha rechazado la propuesta y Ciudadanos se plantea apoyarla en un futuro, pero debiendo comenzar primero con su propuesta acerca de los cuidados paliativos.

La realidad de María José es la de miles de enfermos que están condenados al sufrimiento y no tienen libertad para decidir sobre sus vidas. No es legítimo que estas personas deban recurrir al suicidio clandestino y no puedan morir cuando elijan en manos de profesionales, debiendo recurrir a terceros que, como en el caso de Ángel, corren el peligro de ser detenidos injustamente.