Mientras continúa la formación de gobierno, más de 256.000 personas dependientes con derecho a una prestación permanecen en lista de espera para recibirla. La fila durante estos meses, lejos de menguar, ha aumentado con casos valorados con grado ll y lll, es decir, dependencias severas y graves. Según los datos, en enero eran 98.577 personas pero el 31 de julio habían alcanzado la cifra de 105.393, 6.816 más. A ese número habría que sumarle los casos de primer grado, cifra que se mantiene estable en 151.000. Es la primera vez desde 2015 que el número global crece.

La causa de que el aumento sea de los casos de personas con valoración más grave es que se atiende más a leves o moderados, ya que los gastos son más bajos. Como indica José Manuel Rodríguez, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se trata de un juego para aparentar que la lista de espera disminuye. Como ejemplo, una personas con primer grado puede requerir tan solo un servicio de teleasistencia (25 euros) o una ayuda a domicilio a media jornada, mientras que una con gran dependencia necesita una plaza de residencia que se encuentra alrededor de los 1.800 euros al mes.

José Manuel Rodríguez relaciona este aumento con el estado de paralización en que se encuentra el sistema sanitario. Nos encontramos con los presupuestos del año 2018 prorrogados, que a su vez arrastran los recortes del año 2012. Día a día se van acumulando los casos mientras en España cada día mueren 80 personas sin recibir las ayudas necesarias para sobrevivir. 

El presupuesto destinado a la dependencia en 2010 era de 1.582 millones para 479.888 atendidos, de un total de 737.958 con derecho. El de 2018 bajó a 1.401 millones para los 954.831 atendidos, de 1.264.951 con derecho en enero de ese año. Los presupuestos pactados por PSOE y Podemos preveían una inyección de 500 millones para la dependencia, con lo que se cubriría el 75% de los casos. Aun así, esos presupuestos quedaron frustrados y las Cortes se disolvieron, quedando las personas dependientes esperando.

Según la Ley de Dependencia el Estado debería aportar la mitad de los recursos, dejando en mano de las comunidades la otra mitad. Pero actualmente el Estado sólo se encarga de un 20%. La tendencia de atender a moderados antes que a graves es general, aunque es cierto que en comunidades como Castilla y León están cerca de la plena atención. Sin embargo, en Canarias y Cataluña afecta de manera demoledora esta falta de ayudas.