El Ministerio Público detalló la semana pasada que la denuncia de la ministra Delgado se refería a una agencia concreta que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania, que tiene una sede en España y que esta siendo investigada por varios delitos.

El Ministerio de Justicia solicitó la semana pasada a la Fiscalía General del Estado que iniciara una investigación sobre las actividades de estas agencias. En este sentido, recordó que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y señaló que las agencias que ofrecen estos servicios en España se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países. Además, el Ministerio de Justicia advirtió de la posibilidad de que en esos terceros países, mayoritariamente en Ucrania, se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

A pesar de que la gestación subrogada es legal en Ucrania, la justicia de ese país está investigando la empresa señalada por la ministra Dolores Delgado por los presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, tipificados en el Código Penal ucraniano.

Desde la asociación de familias en favor de la gestación subrogada “Son Nuestros Hijos”, su tesorero, Eduardo Chaperón, ha señalado que la legislación española sobre técnicas de reproducción asistida no recoge la prohibición de la gestación subrogada, sino que existe un estado de nulidad al respecto. Del mismo modo, la legislación tampoco prohíbe la intermediación.

Por su parte, desde la asociación “No somos Vasijas” y desde la “Red Estatal contra el alquiler de vientres”, su portavoz Alicia Miyares pide ir más allá, prohibir las agencias intermediarias de gestación subrogada y que España no permita el registro de bebés nacidos por esta práctica en otros países.