El pasado mes de septiembre tuvo lugar en la ciudad de Castellón el asesinato de dos niñas de 6 y 3 años de edad respectivamente, perpetrado por el ex cónyuge de su madre, Itziar Prats. Se trata de uno de los múltiples casos de violencia de género, esta vez contra los hijos de la víctima, que se dan en nuestro país en lo que va de año. Una vez más, vemos cómo las instituciones y el sistema judicial fracasan en su labor de dar protección a las mujeres que sufren violencia de género.

Itziar Prats, según ella misma ha expresado en un comunicado leído por su primo y portavoz de la familia Gabriel Rubio, asegura que no encontró amparo alguno por parte de las instituciones a pesar de haber seguido todos los pasos que se solicitaban. El juez había rechazado la orden de protección que la madre de las dos niñas solicitó para ellas y para sí misma debido a las constantes amenazas de muerte de su agresor.

Por tanto, la víctima asegura que no cesará de exigir responsabilidades a las administraciones implicadas, acudiendo a los tribunales si fuese necesario, “hasta las últimas consecuencias” ha dicho en su declaración. Itziar Prats considera que ha habido un claro fallo del sistema en su labor de otorgar protección ante un caso de tal gravedad.

A pesar de los aparentes avances, asistimos a una escalada de violencia machista ante la que, como podemos comprobar, las instituciones no han sido capaces de actuar, o al menos de la forma correcta. Ignorando las reiteradas peticiones de Itziar, que además es psicóloga y educadora social, el régimen de visitas siguió transcurriendo con normalidad. Fue precisamente en una de estas visitas cuando el padre aprovechó para matar a sus dos hijas, arrebatándose después su propia vida. La propia Itziar señala en su comunicado que “el sistema ha fallado, todos lo reconocen, pero ninguna administración asume las consecuencias de su responsabilidad”.

Estamos frente a una tragedia que perfectamente podría haber sido evitada, y de hecho se trató de evitar por activa y por pasiva por parte de la víctima. El sistema judicial, las instituciones y administraciones del Estado, decidieron rechazar unas peticiones que habían sido tramitadas por todos los cauces correspondientes.

Ante esta negligencia, Itziar Prats se siente abandonada por aquellos organismos que deberían haberla protegido. La madre de las dos niñas asesinadas finaliza su comunicado con una sentencia estremecedora: “No encontré amparo. Ya es tarde para mí. Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina, irremediablemente”.