El gobierno declara que la Fundación Francisco Franco goza de presunción de legalidad, que su medida de actuación irá en torno a vigilar que no cometan ninguna infracción.

Todo esto es lo que declara un Gobierno que se autodefine como “progresista” y que hasta hace poco, estando en la oposición, exigía la misma ilegalización que hoy trata de evitar, todo esto después de que la Eurocámara reclamase ilegalizar las organizaciones que glorifiquen el nazismo o el fascismo, entre las que se encuentra la susodicha fundación.

El Ejecutivo se escuda en el artículo 20 de la Constitución de la libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión es legítima cuando protege a organizaciones que enarbolan el fascismo, pero no para defender a ciudadanos críticos, desde raperos hasta organizaciones políticas e incluso personas de a pie que por poner un tweet siguen inmersos en procesos judiciales absurdos.

El Gobierno de Sánchez parece haber olvidado las declaraciones del pasado julio de la ministra Delgado, quien aseguraba que se iba a estudiar cómo prohibir aquellas organizaciones que hiciesen apología al franquismo.

Es deleznable que a las asociaciones fascistas no se les persiga y campen a sus anchas. Más allá de la ilegalidad, deberíamos plantearlos cómo se les permite existir y hacerse un hueco en el régimen social de nuestro país.

Las organizaciones fascistas están creciendo y aprovechándose de la miseria, están dejándose ver en las calles, como la FFF o el grupo neonazi de Hogar Social Madrid; haciendo su política, culpando de la desigualdad económica a la inmigración y generando odio entre familias humildes y trabajadoras de este país.

La precariedad de la clase trabajadora va en aumento, tanto en España como en el resto de Europa, y las organizaciones fascistas se aprovechan de ello para hacer calar en la sociedad sus ideas xenófobas, machistas y conservadoras. Se cuelgan medallas de patriotismo cuando ellos son el primer enemigo de la patria, cuando enarbolan el régimen franquista que fue una etapa de opresión y decadencia que se impuso a sangre y fuego.

¿Cómo puede nuestra supuesta democracia permitir su existencia; fundaciones que poseen medios económicos como para tener espacios, propaganda y otros medios?

Vemos como La Fundación Francisco Franco, Hogar Social Madrid, España 2000 o la Falange existen y se desarrollan sin que ningún Gobierno, por muy de “izquierdas” que se defina, les plante cara de ningún modo. ¿Hasta donde estamos dispuestos a llegar?