Según declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo “el Open Arms no tiene permiso para rescatar”. Así concluía este miércoles la vicepresidenta del PSOE para justificar la posible apertura de un expediente sancionador contra esta ONG, tras salvar un centenar de vidas en el Mediterráneo central. Sin embargo, en el otro extremo, en base a la legislación internacional, ante vidas en peligro, rescatar no es una opción: es un deber. 

Y en esa encrucijada entre lo administrativo y lo establecido por el derecho internacional se enredan las posibilidades de que el Open Arms pueda ser sancionado con hasta 901.000 euros de multa tras más de 19 días de bloqueo en el mar, en una de sus misiones más duras. El Gobierno ha reconocido plantearse sanciones para el buque español, aunque aún no ha decidido cuáles serán.

Fuentes cercanas al Gobierno han explicado a eldiario.es que en caso de considerarlo necesario, “se iniciaría la fase de información, en la que un instructor” de la Marina Mercante “recopilaría los datos disponibles para estudiar lo que ha pasado”, relatan las mismas fuentes. “Posteriormente, si hubiese elementos suficientes se iniciaría un expediente sancionador”. El objetivo es identificar si “la manera de operar del buque es compatible o no con el despacho” de salida (el permiso de zarpar emitido por la Marina Mercante).

En la misma línea se expresó el portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, sobre la resolución que acabó en el bloqueo del Open Arms durante 100 días en el puerto de Barcelona: “Las cuestiones burocráticas y administrativas no priman sobre las obligaciones de derecho internacional humanitario”. En el ordenamiento jurídico español, los tratados internacionales se sitúan, en jerarquía, solo por debajo de la Constitución.

El deber de salvar vidas en peligro en el mar es una larga tradición marítima consagrada en el derecho internacional: el capitán de un barco tiene la obligación legal de brindar auxilio a quienes se encuentren en apuros “independientemente de su nacionalidad, condición jurídica o las circunstancias en que se encuentren”, recuerda la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Esta obligación viene recogida en varios instrumentos internacionales, como el Convenio SOLAS de 1974, el convenio SAR de 1979 y la convención de Naciones Unidas sobre derecho del mar de 1982.