En total se está hablando de más de mil millones de euros de posible ajuste que no puede asumir la administración valenciana, pues es la comunidad peor financiada del Estado, junto a la de Cataluña, según datos del propio ministerio.

La Generalitat valenciana no ha desembolsado aún los cinco millones de euros que adeuda a 50 centros de menores. Esto fomenta que el clima que se respira en el ejecutivo valenciano sea grave. “No son sólo 450 millones de euros, son también otros 250 millones de la mensualidad del IVA del 2017 que nos quitó Montoro y que no se nos han devuelto”, argumentaba ayer la vicepresidenta. 

“Nuestra situación es desesperada, necesitamos un balón de oxígeno”, añadía también Mónica Oltra.

De esta forma, la vicepresidenta valenciana espera que la reunión del martes entre Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permita transferir 730 millones de euros. Y es que la situación de esta comunidad es ya alarmante, pues afecta a servicios básicos de la sociedad valenciana. 

Mientras no se dé una respuesta por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, el Consell valenciano no tiene previsto abordar ninguno de los ajustes que se le exigen por el bloqueo de las entregas a cuenta de la financiación autonómica.

“Todos sabemos que -los 730 millones de euros- no será suficiente, sino que solo servirán para respirar un poco (…). Hasta que no tengamos un nuevo modelo de financiación siempre estaremos cojeando en esta comunidad, porque somos la peor financiada de España, y mientras no se tape la herida tendremos que pasar con transfusiones”. 

El jueves el conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler advertía que “nuestros presupuestos del 2019 se diseñaron con la previsión de presupuestos del Estado que no existen”. “No quiero ni pensar si esta situación se alarga”, valoraba el conseller.

La situación ha llegado a tal punto que incluso fuentes del departamento de la vicepresidenta Mónica Oltra, que gestiona las áreas de Servicios Sociales, asumen que va a ser imposible, en el actual estado, poder dar cobertura económica a los nuevos casos de dependencia que se incorporen al sistema público de servicios sociales de aquí a diciembre. Incluso se está paralizando la incorporación de personal a áreas claves de gestión por la crisis de tesorería.