El pasado martes, gracias a una orden judicial, varios agentes entraron en las sedes de “Europa Press” (de Baleares) y del Diario de Mallorca y, una vez allí, incautaron documentos, ordenadores y hasta móviles de periodistas. Todo esto con el objetivo de escudriñar el origen de una fuente informante sobre el caso “Cursach”, un caso que investiga una presunta trama de corrupción policial y política.

Estos hechos han causado un gran revuelo, asociaciones de periodistas y abogados han mostrado su desencanto con la decisión del juez. Esta incautación agrede al derecho al secreto profesional de los periodistas, garantizado por la Constitución. Vemos una vez más que la citada Constitución es utilizada a favor de los poderosos de este país, ¿por qué no se ha desatado esta represión policial en todos los casos en los que la prensa investiga?

La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha entregado como reivindicación satírica el premio: “vete a hacer puñetas” a la comentada incautación.

Esta misma semana, antes de participar en la conferencia “política para la democracia” el exmagistrado Baltasar Garzón se ha posicionado con los periodistas en este asunto. Ha afirmado que “la libertad de expresión debe primar en todo caso” y ha mostrado su descontento con la decisión del juez. Ha apuntado que se están vulnerando los derechos de los periodistas (en cuanto al secreto profesional). Ello significa que esta operación policial atenta contra el derecho de todos los ciudadanos a una prensa libre que nos informe de manera veraz.

Además de todas las reivindicaciones y protestas del sector periodístico, este asunto ha desembocado en una querella judicial presentada por ambos medios el pasado jueves en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez que firmó tal orden.

Tendremos que esperar para saber cómo se desarrolla este proceso judicial, lo que sí sabemos es que este golpe excepcional contra la prensa ha causado gran indignación. Vemos como la justicia sigue perdiendo credibilidad frente a la población, cosa razonable si hasta respetadas autoridades judiciales muestran su desencanto con la situación.