La asociación de consumidores y usuarios de Baleares (Consubal) ha denunciado que las ayudas para el alquiler de la vivienda no benefician a quienes más lo necesitan, por lo que ha remitido una carta al conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, instando al Govern para que convoque la Mesa de Vivienda y se busquen alternativas.

El portavoz de la asociación, Alfonso Rodríguez, ha calificado de “frivolidad e irresponsabilidad” el presentar una nueva convocatoria de ayudas para este año cuando los beneficiarios del 2018 aún no han recibido la ayuda.

El Govern asegura que los interesados podrán cobrar la ayuda en noviembre de este año. Sin embargo, desde Consubal se cuestiona cómo unas ayudas que buscan ayudar a las familias con menos recursos económicos a pagar un alquiler, no se perciben hasta dos años después de haber pagado esas mensualidades. Por este motivo, reclaman que las subvenciones se abonen de forma mensual y en el mes corriente, tal y como ya se hace en otras comunidades autónomas.

El pasado 2 de septiembre, el conseller Marc Pons presentó las ayudas al alquiler para este 2019. Con un presupuesto de 6.364.000 euros, la mayoría aportado por el Ministerio de Fomento, estas ayudas pueden solicitarse desde el pasado 4 de este mes hasta el 4 de noviembre. Con carácter general, cualquier ciudadano con un alquiler mensual inferior a 900 euros y cuyos ingresos anuales no superen los 22.559 euros (cuantía que puede verse incrementada en distintos supuestos) puede solicitar la ayuda. Ésta cubrirá el 40% (50% en el caso de menores de 35 años) del coste del alquiler, con un límite máximo de 4.000 euros anuales (4.300 para los jóvenes).

Como novedad importante, después de la denuncia de distintos colectivos, la convocatoria de 2019 elimina la renta mínima como requisito para disfrutar de la ayuda. Pese a no contemplarse en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (del que nacen estas ayudas), el pasado año, en Baleares, fueron 1.119 las personas provisionalmente excluidas por no alcanzar los ingresos mínimos que se requieren para recibir dicha ayuda, ya sea como único motivo o junto a otros. Esta cifra representa aproximadamente el 50% de los casos de personas a los que se les negó la ayuda (un total de 2.210 en 2018).