La Comunidad de Madrid ha encontrado casi 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda que contienen la cláusula por la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, en el marco del Caso Púnica.

El magistrado de la Audiencia Nacional que dirige el caso, el juez Manuel García-Castellón, inspecciona también otros 16 contratos de ese departamento, y 34 más correspondientes a la Consejería de Sanidad, con el objetivo de esclarecer si estaban obligados contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad.

Publicidad que luego contrataban con empresas que se dedicaban a realizar las campañas electorales del Partido Popular. El total percibido mediante esta cláusula podría superar los 75 millones de euros.

Los 196 contratos que la Comunidad de Madrid ha admitido que incluían esta cláusula fueron firmados entre 2009 y 2013 por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, o por la extinta Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), por lo que no incluyen los rubricados por la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que se encuentran también bajo investigación.

Todos los contratos se firmaron durante las presidencias de Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González (2012-2015), ambos investigados como partícipes directos en la Trama Púnica.

Según describe el auto del juez Manuel García-Castellón, se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada.

Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el Sermas, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud, y también el caso de la Consejería de Transportes, que atendía el Plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras.

Hasta el momento, García-Castellón, ha reclamado a la Comunidad de Madrid información sobre los contratos de construcción y explotación de 34 hospitales y centros de salud públicos y de 16 proyectos de carreteras de la red regional.

Del mismo modo, ha solicitado a la Consejería de Sanidad los expedientes electrónicos completos de los contratos de construcción y explotación de los hospitales públicos Puerta de Hierro de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Arganda del Rey y del Tajo (Aranjuez). También reclama al Servicio Madrileño de Salud los​ contratos de gestión de 27 hospitales y centros de salud, entre ellos el del hospital de Valdemoro o el 12 de Octubre, en la capital.

Estas obras llevaban incorporada la cláusula del 1% en publicidad, que supuso un coste total de 3,07 millones de euros, parte de los cuales habrían acabado en la caja B del PP madrileño.